Agremia, como representante de los instaladores madrileños en la CEIM, ha firmado un Manifiesto Institucional conjunto en el que demanda a las distintas Administraciones Públicas “medidas contundentes, decididas y reales» para proteger a las más de 2.000 empresas del sector de las Instalaciones y la Energía.

Los Instaladores de Madrid reivindican que, una vez superada la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, y poniendo siempre por delante la salud de las personas, las empresas son parte imprescindible de la solución a la crisis económica, para lo que insisten en la importancia del Diálogo Social y reclaman una serie de actuaciones recogidas en el Manifiesto Institucional de los Empresarios de Madrid.

Entre otras medidas, Agremia solicita al gobierno central compensar de forma automática el pago de impuestos con las deudas que las Administraciones Públicas tengan con empresas con las que contraten. También reducir los módulos del IRPF y del IVA, en proporción al periodo durante el que los autónomos no pueden desarrollar su actividad con normalidad por la crisis COVID-19, establecer líneas financieras totalmente bonificadas, así como medidas de apoyo para el pago del arrendamiento de locales de negocio.

Asimismo, esta Asociación reclama EPIs (equipos de protección individual) para las empresas instaladoras de cara a la recuperación de la actividad, toda vez que se ha retomado el trabajo en las obras de nueva construcción y se continúa realizando el mantenimiento de instalaciones, así como las reparaciones urgentes y averías.

También Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, reclama al gobierno regional un fondo de liquidez inmediata para autónomos y PYMES, así como habilitar una línea de ayudas directas para compensar los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.

“Pedimos a la Comunidad de Madrid incluir en las políticas de empleo incentivos a la continuidad de las empresas y sus plantillas, especialmente las pymes, políticas que eviten la cronificación en el desempleo de los jóvenes y las personas de más de 45 años”, añade Bernardo.

Por lo que respecta a las peticiones que realiza al Ayuntamiento de la capital, Agremia comparte con el resto de asociaciones integradas en la CEIM la necesidad de reducir, con carácter general, el Impuesto de Actividades Económicas y las tasas vinculadas al desarrollo de la actividad empresarial. “El consistorio madrileño tiene que diseñar, asimismo, estrategias de empleo y programas de ayudas que atiendan de forma específica las particularidades de su tejido productivo y refuercen las líneas estatales o autonómicas”, concluyen desde Agremia.